La más reciente versión de los Juegos Olímpicos fue el centro de atención mundial desde su inicio, el 26 de julio, hasta su conclusión el 11 de agosto de este año. Si bien su fastuosa inauguración en París irradió optimismo, con millones de personas que siguieron el evento en todo el mundo de manera presencial y remota, mientras los atletas navegaban a lo largo de un tramo del río Sena, hay algo que muy poca gente pudo observar durante los días previos al evento: las tareas de limpieza social que tuvieron lugar en la ciudad. Ya desde 2017, cuando solamente quedaban Los Ángeles y París en la contienda por la sede de las Olimpiadas en 2024, los enviados de ambas ciudades se aseguraron de ofrecer medidas destinadas a remediar varios de los problemas sociales que habían sido evidentes en ciudades anfitrionas en ocasiones previas, como Seúl, Tokio, Río de Janeiro o Londres. En el caso de París, sus autoridades ofrecieron renovar sus barrios marginales, los célebres banlieues. Sin embargo, en la práctica esto incluyó la implementación de un “plan de reubicación”, con el correspondiente desplazamiento forzado de migrantes, refugiados e indigentes hacia albergues temporales en 10 ciudades de la periferia de París. Un representante del gobierno parisino declaró al New York Times que su número fue de alrededor de los cinco mil individuos, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que dicho número fue mucho mayor, de los miles personas que no cuentan con una vivienda fija en dicha ciudad, y que fueron reubicados lejos de las instalaciones deportivas.
Oficialmente, la justificación que se ha dado para la puesta en marcha de esta medida es la de facilitar las solicitudes de asilo por parte de migrantes y refugiados. No obstante, como lo señalan los analistas Jules Boykoff y Dave Zirin en una editorial del periódico Los Angeles Times, esta medida fue enteramente contraproducente para dicha población, ya que, por un lado, no podían solicitar una vivienda en su nueva ubicación, y por otro, como lo hizo ver un abogado en Francia, este desplazamiento colocó a migrantes y refugiados en el umbral de la deportación. De hecho, la organización parisina “El Otro Lado de la Medalla” estima que durante el periodo 2023-2024 dichos desplazamientos rondan las 12,500 personas, por lo que no han dudado en llamarla una operación de “nettoyage social”, es decir, de limpieza social. Y aunque el gobierno francés rechazó la conexión entre los Juegos Olímpicos y dicha operación, otros funcionarios no tuvieron empacho en reconocerlo. En la editorial mencionada se citan las palabras de Aurélie Trouvé, representante de la Asamblea Nacional, quien señala que este programa “está definitivamente vinculado con los Juegos y con la necesidad de ofrecer una imagen idealizada y ´limpia´, si bien esto significa desplazar a miles de personas”. Por cierto, el distrito representado por Trouvé es Seine-Saint-Denis, al norte de París, en donde se ubican varias de las instalaciones deportivas que se utilizaron durante las Olimpiadas, y donde un tercio de su población vive por debajo de la línea de pobreza y el 40 por ciento habita viviendas de interés social.
Ante la presencia de estas poblaciones desposeídas en múltiples ciudades del mundo, ¿qué podemos esperar de lo que ocurrirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en 2028? Por lo pronto ya ha habido varias reacciones al respecto. Casey Wasserman, quien encabeza el comité organizador de los Juegos, ha señalado enfáticamente que su objetivo es la organización de las Olimpiadas en Los Ángeles, y no la reducción de la pobreza. En contraste, Karen Bass, la alcaldesa de la ciudad angelina, ya declaró que no se construirán nuevas instalaciones deportivas, que por lo general son el detonador de estas reubicaciones, sino que se utilizarán las ya existentes, y se comprometió enfáticamente a no desplazar a indigentes durante los Juegos, tal como ha ocurrido en otras ciudades en celebraciones previas. Para ello, se propone enfrentar un reto de enorme dificultad: reducir la indigencia en la ciudad mediante el aumento en la oferta de vivienda accesible. Para ello, prevé contar con financiamiento proveniente de los gobiernos estatal y federal.
Si bien será por demás interesante ver los resultados de esta propuesta de intervención, su realización depende mucho del factor político electoral: si la alcaldesa logra reelegirse en 2026, si el gobernador californiano Gavin Newsom logra el mismo objetivo en ese mismo año, y si el gobierno resultante de las elecciones federales de noviembre de este año decide apoyar esta iniciativa.
Luis Escala Rabadán
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Culturales
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