A pesar de las reticencias de calderonistas y morenistas a reconocerlo, existen similitudes sorprendentes entre los diagnósticos y respuestas respecto al problema de violencia de la pasada administración panista y el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Ambos coinciden en la desconfianza hacia las policías y políticos locales, en su intento por substituir policías y ministerios públicos honestos y profesionales por la presencia militar y en la creencia que la crisis de violencia amerita sacrificar ciertas garantías a cambio de una supuesta efectividad en la reducción de la violencia. Pareciera que nada ha cambiado entre 2006 y 2018.
La cuarta transformación sabe que su éxito o fracaso depende en gran medida de su capacidad para reducir los niveles de violencia. Debería saber también que para lograrlo es imprescindible sumar a gobiernos locales, el sector privado y la sociedad. Sin ellos, la tarea se vuelve aún mas complicada, si no imposible. Sin embargo, la apuesta del proyecto morenista se ha centrado en la militarización y centralización en la forma de Guardia Nacional, en el uso de la prevención preventiva oficiosa ante la incapacidad del ministerio público para investigar delitos y en la lealtad al modelo de gestión sobre los resultados en la forma de reuniones diarias del Gabinete de Seguridad. Es curioso que los aparentes perdedores principales de dicho modelo sean los pobres, pues la propuesta del gobierno, cuyo lema ha sido primero los pobres, supone reducir la violencia y delincuencia a través de un populismo penal que seguirá llenando las cárceles con los que menos tienen.
¿Puede funcionar el plan morenista? Tal vez para algunos delitos en algunas regiones. En una visión reduccionista que equipara la seguridad pública con combate al crimen organizado puede que la estrategia tenga logros en algunas zonas rurales del país, pero a un costo muy alto y sin ser sostenibles. El eje central de la propuesta es el uso de fuerzas de ocupación que rompan los pactos entre autoridades y crimen organizado a nivel local. Surgen las siguientes dudas: ¿Hay militares y marinos que alcancen para ocupar todo el territorio nacional? ¿Qué garantiza que los pactos anteriores entre crimen organizado y autoridades no sean simplemente substituidos?
Probablemente lo mas novedoso de la propuesta morenista sea su intención de regular ciertas drogas. A pesar de los avances que esto representa respecto a tratar el problema como uno de salud y no de seguridad, no auguro que contribuya mucho a reducir los niveles de violencia. El entorno criminal ha cambiado del tráfico de drogas a la extracción de rentas. Regular las drogas en poco o nada impacta en la violencia generada por el huachicoleo.
¿Existen otras alternativas? Sí, pero toman tiempo y el presidente tiene prisa. Una idea es dotar a las policías de capacidades de investigación para eliminar el cuello de botella en el que se han convertido los ministerios públicos. En otras palabras, que las policías investiguen y los ministerios públicos litiguen. Otra idea es ampliar el uso de los mecanismos de justicia cívica. Morelia y Escobedo han demostrado que estos mecanismos pueden ser muy útiles para mejorar la seguridad a nivel municipal. El crimen ha cambiado mucho de 2006 a 2018, nuestras respuestas tienen que cambiar también.
Dr. Andrés Sumano
Catedrático CONACYT-El Colegio de la Frontera Norte