Se dice de la participación que es la vía para que los ciudadanos intervengan en la toma de decisiones, acuerdos, planeación y elección de representantes para el desarrollo de la sociedad, es un legítimo derecho, no un favor otorgado por las instituciones, así está estipulado en la legislación correspondiente. Para que esta participación ocurra existe un marco normativo, institucional y de gobernanza que ha posibilitado su ocurrencia y avance desde su inicio incipiente en 1995 con una ley sobre la participación ciudadana en la Ciudad de México. A partir de ello, se han desarrollado e implementado diferentes mecanismos de participación en procesos de planeación para que la sociedad sea escuchada en la discusión de asuntos públicos y aunque hay varias formas de participación llámese social, comunitaria, política o ciudadana, me concreto a la participación en procesos de planeación territorial que involucra las dimensiones social, ambiental y urbana a través de talleres de planeación participativa.
En este tema, es lamentable que todo lo que se había avanzado en afinar los mecanismos de participación para incrementar la capacidad de decisión en materia de política pública y su implementación, se ha visto seriamente mermado en los últimos años donde se ha desvirtuado su efectividad y relevancia a través de las llamadas consultas públicas “a mano alzada” o en procesos no transparentes, que parecen pantomimas de lo que realmente significa la participación ciudadana y que buscan legitimar decisiones que no cuentan con un diagnóstico, ni una planeación que considere los impactos positivos y negativos de cada proyecto, de cada obra. Seguramente ello ocurre porque mencionar en los actos políticos que se está considerando la participación de la ciudadanía se escucha muy bien y es redituable en votos, pero no basta con tener la intención y mencionar el concepto, hay que tener cuidado de cómo se están dando esos llamados procesos de participación para que no sean una mera simulación, hay que utilizar y propiciar los espacios y mecanismos como lo marca la ley y que por supuesto son perfectibles, para la participación informada y sustentada con argumentos sólidos acorde al contexto sociopolítico, económico, ambiental y territorial que se trate.
Si a esas parodias de participación ciudadana que hemos visto como lo de Constellation Brands refiriéndome exclusivamente al mal llamado “ejercicio de participación” que se utilizó para la discusión de este proyecto -sin menoscabo de la relevancia de su impacto ambiental y económico-, se le agrega la incertidumbre derivada de la pandemia que para prevenir más contagios se promueve la sana distancia, el panorama es desalentador. En este momento no hay certeza de hasta cuándo se podrán realizar talleres de planeación participativa de forma presencial donde los actores de los sectores social, gubernamental, privado y académico se reúnan para dialogar, discutir y acordar sobre los temas relevantes en cuanto al territorio que habitan, se prevé entonces un retroceso en materia de gestión pública territorial y de la gobernanza, lo cual es muy preocupante. En este contexto de incertidumbre es necesario desarrollar nuevas y creativas estrategias para una participación social efectiva a través de medios virtuales que asegure la participación representativa de todos los sectores de la sociedad y ello definitivamente, no debe ocurrir en mítines que aunque son parte de la arenga político-partidista no es el espacio para la toma de decisiones sobre el desarrollo ordenado y sustentable de nuestro territorio, no se debe decidir “a mano alzada” el presente, ni el futuro.
Dra. Ma. De Lourdes Romo Aguilar
El Colegio de la Frontera Norte
