En el año 2001 el gobierno de la Ciudad de México inició el programa de pensión para adultos mayores, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. El programa tuvo un enfoque de universalización, es decir, todos aquellos adultos mayores residentes de la Ciudad de México tenían derecho a la pensión. Pero a nivel nacional hubo resistencias a aprobar un programa similar al de la Ciudad de México, es decir, especialmente de parte del entonces presidente Vicente Fox. En la campaña presidencial para 2006, López Obrador hace la promesa de campaña de extender la pensión de adultos mayores a nivel nacional.
A inicios de su gobierno, Felipe Calderón implementó el programa de 70 y más, una primera versión a nivel nacional de la pensión de adultos mayores, pero sólo en localidades rurales (de menos de 2,500 habitantes) y posteriormente se fue expandiendo a localidades semi-rurales y urbanas. El programa continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque durante su gobierno el programa redujo la edad de afiliación, al considerar beneficiarios desde los 65 años. El programa empezó a otorgar alrededor de 500 pesos mensuales, otorgados bimestralmente y este monto creció hasta 580 pesos en 2014 y se mantuvo así hasta 2018. Cumpliendo su promesa de campaña, en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó en más del 100% la pensión de adultos mayores y se universalizó; la pensión continuó aumentando en cada año de su gobierno, hasta llegar a 3,000 pesos mensuales en 2024. Con López Obrador el programa pasó a denominarse “Pensión para el bienestar de adultos mayores”.
Los aumentos de la pensión durante el sexenio de López Obrador no estuvieron exentos de críticas por un lado y de elogios por el otro. Pero es importante preguntarnos si los aumentos de la pensión se pueden relacionar con mejoras en el bienestar de los adultos mayores. Intentaré responder esto a partir de información estadística con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), fuente de datos fundamental para llevar a cabo la medición de pobreza oficial que estableció CONEVAL. La ENIGH se levanta en años pares, por lo que al considerar para el análisis los años de 2016, 2018, 2020 y 2022, siendo los dos primeros años los que corresponden al gobierno de Peña Nieto y los restantes a los de López Obrador, durante los cuales los aumentos en la pensión son altos, respecto a los años anteriores.
De los datos de pobreza multidimensional (https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2022.aspx) se observa que para 2016 el 61.9% de los adultos mayores que eran beneficiarios del programa de adultos mayores y no tenían ingresos por jubilación, su ingreso era menor a la línea de pobreza extrema por ingresos; es decir, este 61.6% no podían cubrir sus necesidades alimentarias; para 2018 este datos fue de 61.7% pero en 2020 cayó a 44.7% y a 29.3% en 2022, lo que representa una disminución de 32.3 puntos porcentuales en seis años.
Para tener evidencia más detallada, me di a la tarea de construir una base de datos de hogares con al menos un adulto mayor y determinar si se ha presentado reducciones en pobreza y pobreza extrema multidimensional, diferenciando por sexo y etnicidad en la jefatura del hogar. Para 2016 se tenían 5.97 millones de hogares, 6.52 millones para 2018, 7.58 millones para 2020 y 8.08 millones para 2022. En 2016 el 41.2% era pobre, en 2018 el 42.0% de los hogares era pobre, cifra que se redujo a 36.5% en 2020 y a 30.1% en 2022. La pobreza extrema era de 9.1% en 2016 y se redujo a 4.9% en 2022. Esto nos muestra que todo parece indicar que el aumento en la pensión tuvo una influencia positiva en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en hogares con al menos un adulto mayor. Cuando consideramos esta información separando por hogares con jefatura masculina y femenina, se observan cifras muy similares, con un porcentaje de pobres ligeramente menor en hogares con jefatura femenina. Cuando consideramos las medidas de pobreza separando en hogares con jefe no indígena e indígena, se observa que en estos últimos existe un mayor porcentaje de pobreza. De este modo, para 2016, el 50.8% de los hogares indígenas era pobre, cifra que aumentó a 53.6% en 2018 y cayó 7.7 puntos porcentuales en 2020, donde la cifra es de 45.8% y cae a 41.9% en 2022; esto da cuenta de una reducción de 9 puntos porcentuales entre 2016 y 2022; en pobreza extrema la reducción es de 5.4 puntos porcentuales en ese mismo periodo. Para los hogares no indígenas la reducción entre 2016 y 2022 es de 11.8 puntos porcentuales en pobreza y sólo de 2.1 puntos porcentuales en pobreza extrema.
En resumen, la información parece arrojar la existencia de una relación entre un aumento en el monto de la pensión a los adultos mayores y una reducción en la pobreza en los hogares donde vive al menos un adulto mayor. Esta reducción es más pronunciada en los hogares no indígenas en pobreza y en los hogares indígenas en pobreza extrema. Los resultados que presentamos si bien nos dan indicios de las ventajas de aumentar la pensión de adultos mayores, deben profundizarse para determinar gradientes de efectos para diferentes tipos de hogares con adultos mayores, considerando diferencias de género, étnicas y regionales. Asimismo, es pertinente abordar la relación entre la pensión y la vulnerabilidad por carencias.
Omar Stabridis Arana
El Colegio de la Frontera Norte, Director General de Docencia
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