Cada inicio de año trae consigo reflexiones sobre lo que hemos hecho y, sobre todo, sobre lo que
aún nos queda por hacer. Más allá de los clásicos propósitos personales, en esta ocasión le
propongo que nos enfoquemos en aquellas intenciones de política pública (o políticas públicas
con intención) que puedan transformar nuestra realidad colectiva. En el caso de México, las
políticas hídricas exigen una revisión profunda y un compromiso renovado. Por esta razón, le
comparto tres propósitos para avanzar hacia un manejo más equitativo, sostenible y participativo
del agua. Los propósitos son:
- Una nueva Ley de Aguas Nacionales
El primer propósito es la emisión de una nueva Ley de Aguas Nacionales por parte del Congreso
de la Unión. La legislación vigente, que data de 1992, está desfasada frente a los retos
contemporáneos, como el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y el acceso
desigual al agua potable. Pese a que la reforma constitucional de 2012 reconoció el derecho
humano al agua, el Congreso lleva más de una década incumpliendo su mandato de actualizar el
marco normativo. La nueva ley debe garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos,
priorizar el consumo humano y establecer mecanismos claros para evitar abusos en su uso. Sin
esta herramienta jurídica, seguiremos enfrentando conflictos y desigualdades que agravan la
crisis hídrica del país. - Reinterpretar el Tratado de Aguas México-Estados Unidos
El segundo propósito es la revisión del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados
Unidos bajo la lente del derecho humano al agua. Este acuerdo, que regula el aprovechamiento
de los ríos fronterizos, ha sido motivo de tensiones recurrentes, especialmente en el contexto de
sequías prolongadas. La interpretación actual del tratado prioriza el cumplimiento de cuotas
establecidas hace 80 años, sin considerar los cambios demográficos, ambientales y sociales que
han transformado las regiones fronterizas. Una reinterpretación jurídica que integre los principios
de justicia hídrica y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos permitiría
equilibrar mejor las necesidades locales y las obligaciones internacionales, sentando un
precedente para la cooperación hídrica global.
- Fortalecer la participación ciudadana en la gestión del agua
El tercer propósito es la apertura de más espacios para que la ciudadanía participe activamente en
los procesos de gestión hídrica. Durante demasiado tiempo, las decisiones sobre el agua han
quedado en manos de actores gubernamentales y privados, dejando fuera a las comunidades más
afectadas. Es imprescindible establecer mecanismos de consulta y co-gestión que incorporen las
voces de las organizaciones civiles, pueblos indígenas y usuarios locales. Solo así será posible
diseñar políticas que respondan a la diversidad de realidades que existen en el territorio
mexicano, promoviéndose, además, una distribución más justa del recurso.
Estos tres propósitos no son ideales abstractos, sino pasos concretos hacia un manejo del agua
más equitativo y sostenible. Cumplirlos requiere voluntad política, conocimiento técnico y, sobre
todo, la participación de toda la sociedad. Si hacemos del 2025 el año en que el agua sea
prioridad nacional, habremos dado un gran paso para garantizar un futuro en el que todos
tengamos acceso a este recurso vital.
Yeminá Valdez-Samaniego
El Colegio de la Frontera Norte, Estancia Postdoctoral
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