El tema laboral ha sido uno de los grandes retos que ha enfrentado el gobierno actual, el cual no ha sido del todo atendido y resuelto y si por el contrario se ha complicado con la epidemia del COVID 19. El norte de México ha desempeñado un papel central en la configuración que está tomando la resolución de conflictos laborales, en especial Matamoros, Tamaulipas, se ha constituido en un laboratorio importante en cuanto a los efectos que los cambios laborales, tanto nacionales como internacionales, están teniendo tanto a nivel local como regional, su interacción con la maquiladora, una industria central para la cadena global de valor, le otorga una mayor relevancia. En Matamoros, se manifestaron en enero de 2019, miles de trabajadores se movilizaron por el pago de un bono y un incremento salarial, mayor al dado por el gobierno federal, que estaba pactado en su contrato colectivo. El resultado de la lucha fue la obtención de las demandas. Los obreros usaron en su lucha paros, huelgas, pero también nuevas formas de expresión como los mítines, las marchas y sobretodo las redes sociales. La lucha por salarios y prestaciones laborales no era novedosa en Matamoros pero sí lo era el cuestionamiento a los liderazgos sindicales tradicionales, es decir, aquellos vinculados con la CTM. En eso, la lucha de Matamoros, se empató con la demanda de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá por el respeto a la asociación y la libertad sindical que fue exigida en el TMEC, y que más tarde serían plasmadas en el Nueva Ley federal del Trabajo (NLFT), proclamada el 1 de mayo de 2019, en donde la materia sindical y los tribunales laborales destacaban como puntos más novedosos
La lucha de Matamoros cristalizó en la aceptación de uno de los primeros sindicatos de la era de la libertad y la democracia, cuando el 5 de junio de 2019, se obtuvo el registro del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la industria y de Servicios (SNITIS). Si bien el sindicato era emergido de una lucha obrera también en su nacimiento estuvieron presente algunos rasgos de la vieja cultura sindical, especialmente por el protagonismo de su asesora, la licenciada Susana Prieto. Matamoros también ha mostrado que la lucha por la titularidad de los contratos colectivos, enmarcada dentro de la nueva ley, no será una tarea fácil porque para llegar al recuento por la titularidad de contrato colectivo tendrá que pasar por un sinfín de trámites administrativos, ahora asumidos por las Juntas Locales y Conciliación y Arbitraje, mientras que los nuevos centros laborales fijados por la NLFT son instituidos. El proceso no ha sido fácil, a pesar de contar con el apoyo de un buen porcentaje de trabajadores, en más de treinta empresas, el SNITIS ha enfrentado retrasos en las fechas para el recuento, dado faltantes administrativos, o bien porque las juntas laborales, situadas en Ciudad Victoria, retardaron el proceso. De una fecha esperada para el recuento en octubre-diciembre del 2019, la fecha se extendió a mayo de 2020. Sin embargo, por la contingencia del COVID 19, se cerraron las Juntas locales de Conciliación el 25 de marzo, y los trámites quedaron detenidos, hasta la apertura de las mismas. Una última fecha estimada para estos recuentos sería en octubre de 2020. Es decir casi año y medio después de presentada la demanda por titularidad. Ciertamente, la contingencia pudo haber retardado el proceso pero sin contingencia ya el proceso se había extendido casi diez meses. La eficiencia en el proceso previo para el recuento muestra el predominio de la burocracia sobre los procesos laborales.
En el proceso de espera de fecha para audiencia de recuenta, el SNITIS inicio otras estrategias, entre la que estuvo la solicitud ante la Junta Local de Conciliación, de no descuento de cuotas sindicales, por parte de las empresas, en las plantas donde tenían una mayoría de simpatizantes, y que estas cuotas fuesen otorgadas a quien ganase la titularidad contractual. En una de esas peticiones, escenificada el 10 de marzo de 2020 por los trabajadores de Tridonex, que enojados por la no atención, demandaban la presencia del Presidente de la Junta Local en Matamoros, para exponer su caso. Quienes al no ser atendidos, obstaculizaron la entrada y salida de sus instalaciones. De esta acción se derivaría la demanda a la Lic. Susana Prieto, para su detención en Matamoros el 8 de junio de 2020. Así pues, pensar que la aprehensión de la Lic. Prieto es ajena a cuestiones laborales, como ha argumentado la Secretaría del Trabajo federal, o algunos congresos, resulta poco convincente. Tan es así, que la aprehensión ha dado origen a nuevos movimientos laborales, que han sorprendido por el poder de convocatoria.
El 13 de junio de 2020, la plaza de Matamoros, se volvió a llenar con cientos de obreros que demandaban la libertad de Susana Prieto, y no solo eso sino que en otros lugares, como Ciudad Juárez, un día antes, y manifestaciones simbólicas en Mexicali, Tijuana, Oaxaca y otros lugares, incluso en el extranjero, desembocó en lo que se llamó la Primera Acción Global por la Libertad de Susana Prieto. Hay dos puntos interesantes, en estas movilizaciones, primero, el resurgimiento de un movimiento laboral, el denominado 20/32, de Matamoros, que parecía apagado, y que se haya movilizado desde los mismos trabajadores y con pocos liderazgos visibles; segundo, su constitución como eje de un movimiento laboral, en donde han coincidido sindicatos, ONG, de ideologías y perspectivas que van desde una visión moderadas hasta la izquierda más acentuada, hasta la participación de defensores de derechos humanos, que tiene como primera exigencia, y punto de coincidencia, la libertad de la activista laboral, pero que va más allá, el movimiento está cuestionando aspectos fundamentales, como la impartición de justicia y el trato hacia los activistas laborales. Subyace también al movimiento, el descontento por la difícil situación laboral que atraviesan los trabajadores en cuanto a despidos, riesgos laborales e incertidumbre en una industria clave para la economía nacional como la maquiladora. La cual a pesar del alto nivel de contagio de COVID 19 persistente en las ciudades donde está instalada, cada vez regresa más a sus actividades normales, con la exposición de sus trabajadores al contagio.
Sin duda, que esta situación debería preocupar a los tomadores de decisiones en materia económica y laboral, porque justamente se están dando en los umbrales de la puesta en marcha del TMEC, fijada para el 1 de julio, en donde el cumplimiento de los derechos laborales será visto con lupa para formular posibles controversias. Hace unos días, la Secretaría del Trabajo y la de Economía, se reunieron con empresarios para invitarlos a respetar la ley, sobre todo en materia sindical, para evitar controversias, el punto es que quizá las condiciones para estas controversias, ya están asentadas y habrá que darle pronta solución para evitar las sanciones económicas a las que tanto le teme México.
Dra. Cirila Quintero
El Colegio de la Frontera Norte
