De nueva cuenta, Tamaulipas es el foco de atención por la violencia ligada al narcotráfico. Es difícil olvidar el desplazamiento masivo de habitantes de la frontera chica en 2010, la masacre de migrantes en San Fernando en 2010 y 2011, las desapariciones de niños y jóvenes en Nuevo Laredo a mediados de 2013 o los dieciséis migrantes guatemaltecos y tres civiles mexicanos que fueron calcinados en Camargo, el pasado enero.
Esta semana, Tamaulipas ha sido noticia nacional por un multihomicidio en Reynosa. El pasado 19 de junio, quince civiles y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado fueron asesinados, en nueve eventos diferentes, en cinco colonias distintas, a lo largo de varias horas, sin que las autoridades estatales ni federales respondieran oportunamente a los repetidos reportes que hizo la ciudadanía, de acuerdo al seguimiento hecho por el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo que, desde hace muchos años, ha sido la voz activa en la defensa de los derechos en Tamaulipas, con una labor meticulosa que deja corto el trabajo que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Las primeras investigaciones apuntan a que el multihomicidio de Reynosa fue perpetrado por dos facciones unidas del Cártel del Golfo que buscaban confrontarse con otra facción de ese Cártel para obtener el control de las zonas aledañas a uno de los puentes internacionales de Reynosa, pues esto facilita el tráfico de drogas, armas y migrantes. Es decir, los asesinatos de Reynosa fueron crímenes para calentar la plaza, como si las plazas en Tamaulipas no estuvieran muy calientes desde hace más de una década.
Pero esta noticia nacional es sólo la punta de un iceberg, o más bien, son los visos del desbordamiento de un río de gran caudal. Durante el 2018, por ejemplo, fueron comunes los bloqueos, las persecuciones y las balaceras en Reynosa así como las agresiones hacia elementos del ejército mexicano, lo que colocó a esa ciudad fronteriza como una de las tres más violentas de toda la frontera norte.
Quienes habitamos en la frontera tamaulipeca, sabemos bien que, en los últimos meses, en Reynosa se han ido incrementando los casos de homicidio doloso. El pasado marzo, por ejemplo, se reportó que en una brecha fueron encontradas seis personas que tenían tiro de gracia y portaban chalecos con las iniciales del Cártel del Golfo, lo que es una clara muestra de las disputas del crimen organizado en territorio fronterizo tamaulipeco.
La gravedad de la situación y sobre todo el estupor nacional que ha generado el multihomicidio de Reynosa hizo que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, no sin que el Gobernador de Tamaulipas y el Presidente de México hicieran sendas y públicas declaraciones de su interés en que así fuera.
Estas declaraciones traen a cuento un noble interés social porque retorne la paz a Reynosa pero también deja entrever un interés político que no debe volverse un juego de poder sino el inicio de una buena y completa estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes fronterizos que, cada tanto, perdemos la tranquilidad y volvemos a tener esa sensación de vivir en tierra de nadie.
Y esa sensación ha hecho que, nuevamente, la ciudadanía recurra a la manifestación para exigir justicia. En esta ocasión, se trata de una marcha por la paz que es convocada para este 26 de junio, en Río Bravo, por la familia de Fernando Ruiz, ese joven estudiante de enfermería que pagaba sus estudios trabajando como fontanero y albañil y que perdió la vida este fatídico 19 de junio.
El multihomicidio de Reynosa debe recordarse y traerse a colación con la frecuencia que sea necesaria no sólo por respeto a las víctimas del crimen organizado, también para que las autoridades, de todos los niveles de gobierno, tengan presente que Tamaulipas requiere de atención inmediata si no queremos que vuelva a vivirse esa violencia generalizada que ha trastocado profundamente la vida cotidiana de quienes habitamos en este estado.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
