*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte.*
La semana del 12 al 16 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 14vo. Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, mismo en el que tuve la oportunidad de participar como panelista en una de las actividades centrales referente al foro de análisis sobre las “Crisis y Disputas por el Agua en los Territorios Rurales de México”. En dicho evento pude compartir algunas ideas sobre lo que al respecto observo, estudio y vivo en el contexto de la frontera México-Estados Unidos, toda vez que en estos territorios fronterizos se asientan áreas de riego de gran escala e importancia para la producción de alimentos como son, por citar solo algunas, el Distrito de Riego 014 Rio Colorado que comprende los valles de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, el Distrito de Riego 005 de Delicias, Chihuahua y el Distrito de Riego 025 del bajo río Bravo, en Tamaulipas. Es desde luego en esas zonas rurales donde las crisis del agua se manifiestan frecuentemente y también donde se presentan diversas disputas de orden local, regional, interestatal y binacional, considerando que son aguas que se comparten y utilizan provenientes de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo como parte del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 así como también agua que se extrae de los 37 acuíferos subterráneos transfronterizos.
Los temas que surgieron durante la discusión y diálogo amplio y profundo entre los participantes del foro y el público proveniente de diversas regiones de México y el extranjero, tanto del sector académico como del social, productivo y gubernamental, se centraron en algunas vertientes generales, a saber: la (in)seguridad del agua, la (in)justicia hídrica, (in)sostenibilidad y gobernanza y, finalmente, las alternativas para enfrentar los retos de inequidad impuestos por la megasequía y la demanda creciente del vital líquido.
Se parte de la idea generalizada que se tiene por parte de algunos sectores de la sociedad, sobre todo del empresarial y algunos entes gubernamentales alineados a las concepciones de éste y que juntos señalan al sector hidroagrícola como aquel que consume altos volúmenes de agua, de hecho, entre el 70 y 80 % de la disponibilidad total, según la región en la que se ubique la actividad, y de los cuáles, a decir dichos sectores, se “desperdicia” una alta proporción. Al respecto, primeramente habría que aclararles y recordarles que esa es una característica del agro ya que lo que se produce ahí son alimentos: cereales como el trigo, cebada y sorgo; oleaginosas como el algodonero, soya, maíz y girasol; hortalizas frescas como el tomate, lechuga, espárrago, cebollín y fresas; frutales como los cítricos, datileras y nogaleras; forrajes como la alfalfa y rye grass para abastecer a la ganadería de leche y carne. Desde luego también mencionarles que existen ventanas de oportunidad para optimizar el agua para efectos de rescatar volúmenes a través de la eficiencia del riego, pero no en los niveles inviables que exigen; y desde luego que nunca se debe hablar de “desperdicio” porque es precisamente el agua de riego, la superficial, la que brinda un servicio ambiental para recargar los acuíferos, aportar a su equilibrio y evitar, por ejemplo, la intrusión de agua de mar. Recordarles también que el sector primario es fundamental para el sostenimiento no solo del sector rural en si mismo, sino del resto de actividades que en su conjunto buscan el desarrollo regional sustentable.
De esta manera, es primordialmente en este sector donde la seguridad del agua se debe impulsar buscando garantizar el acceso en términos de cantidad, calidad, oportunidad y equidad; es también desde donde se debe promover y alcanzar la justicia hídrica de manera pemanente, la justicia hídrica va mucho mas allá del concepto de derecho humano al agua que se enfoca básicamente en garantizar acceso al agua en el medio urbano; para lo anterior es necesario considerar un enfoque de sostenibilidad ambiental fuerte que proteja sobretodo nuestra base de recursos, nuestro capital natural.
Para todo lo anterior, se require implementar mecanismos novedosos, efectivamente participativos y transparentes de toma de decisiones mismos que solo se pueden lograr bajo las perspectivas combinadas de gobernanza ambiental democrática, adaptativa y transformativa que tienden a facilitar la toma de decisiones horizontales e incluyentes y, sobre todo, permiten la vigilancia social para que se realice una priorización inteligente de alternativas institucionales, tecnológicas y regulatorias, dentro y fuera del sector rural, todas ellas tendientes a enfrentar las crisis hídricas, pero sin disputas polarizantes entre los propios agricultores ó entre la ciudad y el campo ó entre los estados nacionales ó entre los dos países que comparten más de 3,152 kilómetros de frontera de agua.
Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara
El Colegio de la Frontera Norte
