Lo que está sucediendo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE) refleja bien el conflicto entre el cambio y la conservación del estado de cosas del viejo régimen. No, no es la lucha de la comunidad contra las injusticias gubernamentales o la arbitrariedad del poder, como se quiere publicitar en los medios de comunicación tradicionales. Es una respuesta al desmantelamiento de los privilegios que enraizaron en una institución pública.
Como sabemos, el CIDE fue fundado en 1974. Junto con otras 25 instituciones, pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismo que fue creado en diciembre de 1970 como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Es decir, el CIDE es una entidad del sector paraestatal del gobierno federal. Eso significa que se rige por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Ciencia y Tecnología y su instrumento de creación. No tiene autonomía, es decir, no tiene el estatus legal de que gozan las universidades autónomas.
Los directores generales son y han sido nombrados por los presidentes de la República a través del director del CONACYT. Es, insisto, una entidad paraestatal. A su vez, el director del CIDE designa a sus colaboradores inmediatos, avalado por su Junta de Gobierno (conformada por dependencias gubernamentales en su amplia mayoría). Así como los nombra, tiene el derecho de removerlos en virtud de que son funcionarios de confianza; es decir, no electos. Así ha sido y hoy no es la excepción.
Cuando se analiza una problemática de una institución, es necesario no solo referir a su régimen legal, sino tratar de definir el fondo del asunto. Hoy, a coro se han unido quienes manifiestan que el CIDE se encuentra en peligro y han creado un hashtag: #YodefiendoALCIDE. Lo interesante es que no se presenta ningún argumento acerca del supuesto peligro o de la conspiración contra la institución. Quienes enarbolan la causa, son los mismos que han firmado desplegados y cuestionado cada una de las medidas y propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus trincheras son las columnas de opinión en los medios tradicionales. Casualmente, la mayoría son “académicos” que tienen una plaza….en el CIDE.
El CIDE se convirtió en la institución más favorecida del sistema, entre otras cosas, debido a que dos de sus directores fueron designados titulares de CONACYT. Carlos Bazdresch y, el anterior, Enrique Cabrero Mendoza. Larga sería la lista para enumerar todas las irregularidades que se presentaron sobre todo bajo esta última administración. Se otorgaron plazas a familiares directos, proyectos sin licitación o se armó con todo el dispendio el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas cuyo titular fue Eduardo Sojo Garza-Aldape (alto funcionario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón). Los directores del CIDE, en su mayoría, comulgaban bien con la ideología panista y de la libre empresa que el gobierno impulsó desde 1982. Sin embargo, insisto, lo más grave fue la corrupción y el tráfico de influencias.
Quienes se dicen ofendidos, en realidad lo que muestran es el disgusto porque se acaba el negocio hecho desde el centro. Cabrero decidió sostenerles la plaza a los comentócratas. Primero con goce de sueldo y posteriormente sin éste para que continuaran percibiendo su beca del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). El tema por el que escriben y movilizan a algunos estudiantes es porque el director interino destituyó del cargo de confianza a Catherine Andrews, Secretaria Académica. Insisto, eso es normal en cualquier centro CONACYT. Se pierde la confianza y se le destituye. Su plaza como académica continúa vigente.
Sería una incongruencia que no se revisara la gestión de los directivos del CIDE, sobre todo cuando existen denuncias de corrupción y malos manejos. La coartada no puede ser la autonomía o disfrazarla de ataques a la vida académica. Es una institución financiada con recursos públicos y sus directivos deben rendir cuentas.
