Las elecciones mexicanas provocaron cambios profundos en el régimen político. A diferencia de lo sucedido en otros países, el sistema autoritario de partido hegemónico, primero, y de partido dominante, después, se fue transformando de manera lenta pero constante a través de los procesos electorales. Es decir, a diferencia de las transiciones políticas clásicas, en México no hubo un pacto previo de las fuerzas políticas para garantizar el tránsito hacia un régimen democrático.
En el caso español, por ejemplo, a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, siguió un proceso detallado de acuerdos con miras al futuro que culminarían en las primeras elecciones generales en 1977; las primeras desde 1936 y en una nueva Constitución promulgada en 1978. La transición tuvo así un asidero constitucional.
En México hubo un largo proceso de acumulación de resistencias ante el autoritarismo que no culminaron en un pacto de transición entre las fuerzas políticas. Nunca hubo acuerdos para cambiar el régimen. No hubo un acto único que marcara un momento de inflexión. La larga acumulación de cambios y continuidades tuvo su correlato en reformas al sistema electoral que permitieron ir construyendo el sistema de organización electoral. Fueron esas reformas las que guiaron el cambio en el régimen político. De ahí la particularidad de la transición política mexicana, pero también de sus limitaciones.
Hoy, los asuntos electorales no resuelven los desafíos de la consolidación democrática. Debemos seguir debatiendo y construyendo cambios en la esfera de la democracia procedimental. Por ejemplo, la viabilidad de la votación electrónica: urnas electrónicas y sufragio por Internet, la propaganda gubernamental, los derechos políticos extraterritoriales, la participación electoral de los inmigrantes en México, campañas políticas en el exterior, etc. Pero dichos asuntos ya no tienen la centralidad que tuvieron para la transición a la democracia.
Desde luego que hay asuntos trascendentes para la vida pública y muy cercanos a la esfera electoral que debemos discutir. Uno de ellos sin duda es la crisis de los partidos políticos, así como la calidad de los mismos frente al poder. Hay una ausencia de principios y referentes identitarios que han difuminado las fronteras entre los partidos. Todos se recorrieron al centro para ganar electores y elecciones. Los ciudadanos no perciben la diferencia y eso conduce a una desacreditación de los mismos o a tacharlos como representantes de las peores prácticas del pasado: transa, corrupción. De la mano de este tema sin duda se encuentra el de la calidad de las candidaturas. Gente de la farándula, de los deportes abanderan ahora propuestas de algunos de los partidos. Esto ha contribuido a la mala imagen de la actividad pública y de los partidos políticos, en particular. La imagen es la de propiciar la frivolidad. Pero dicho lo anterior, las elecciones importan.
Estamos ante la coyuntura de las elecciones más grandes en el país. Será la primera ocasión que habrán de coincidir elecciones federales y locales en las 32 entidades. Se estima que estarán en juego 20 mil 792 cargos. Aparte de la renovación de la Cámara de Diputados federal (500 representantes), se elegirán a 15 gobernadores, 9 de ellos desde el exterior; 1 mil 063 diputaciones en 30 congresos locales y 1 mil 926 ayuntamientos también en 30 estados. La estrategia de organización y capacitación electoral incluye la instalación de 164 mil 550 casillas, la participación de 1 millón 480 mil funcionarios ciudadanos de casilla y la contratación de 50 mil supervisores y capacitadores electorales.
El 6 de junio podrán acudir a las urnas 93 millones, 295 mil, 470 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. La mayoría mujeres: 51.76% (48 millones, 290 mil, 096) y 48.24% hombres (45 millones, 005 mil, 374). Uno de los mayores retos es organizar las elecciones en medio de la contingencia sanitaria. Y sobre todo, propiciar la participación ciudadana. Recordemos que siempre en elecciones intermedias la participación es más baja en comparación con las elecciones presidenciales. En 2009 y 2015, el porcentaje de votantes fue de 44.76% y 47.72%, respectivamente. Mientras que en los comicios presidenciales de 2012 y 2018 fue 63.08% y 63.43%. Esos son parámetros que deberán superarse por lo que representan estas elecciones y el volumen e importancia de los cargos en disputa. No es lo único, pero si es fundamental, dada nuestra historia política lo que acontezca en el ámbito de la democracia procedimental mexicana.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle
El Colegio de la Frontera Norte
