Hay quien juzga los ejercicios de participación política por los costos económicos que implican o por la respuesta ciudadana a los mismos. Normalmente sentencian que si son onerosos o hay poca participación, no deben seguirse realizando. No se toma en cuenta el contexto en el que suceden o las condiciones estructurales del país o entidad donde tienen lugar. Nuestra cultura política es dicotómica: o blanco o negro.
Esto lo traigo a colación por dos experiencias recientes de participación ciudadana. Me refiero a la Consulta Popular llevada a cabo el 1 de agosto y las elecciones desde el exterior del 6 de junio, y que se realizaron de manera concurrente con los comicios en nuestro país.
En el primer caso, pese a las restricciones en la ley (sobre todo el que las consultas no se realicen el mismo día que las elecciones, sino casi dos meses después; que el Instituto Nacional Electoral no pueda hacer difusión por más de 15 días o que tiene que acudir el 40% de los ciudadanos de la Lista Nominal para tener efectos “vinculatorios”) participaron casi 7 millones. El costo fue de 528 millones (del presupuesto del INE), precisamente por esa imposibilidad de hacer coincidir la consulta con las elecciones.
Para muchos el costo y la baja participación (7.11%) son razones suficientes para no volver a repetir el ejercicio. Se ignora que los derechos políticos son progresivos, es decir, que una vez que se tuvo la primera experiencia lo que hay que hacer es mejorar las condiciones para reducir costos y ampliar la participación ciudadana. La revisión a la normatividad, después de una rigurosa evaluación, deberá llevarla a cabo el Congreso. Hay muchos asuntos fundamentales o de ‘trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”, que deben someterse a la opinión de los mexicanos (Art. 5 de la Ley Federal de Consulta Popular –LFCP-). No cancelar las consultas, sino mejorarlas.
Respecto a la segunda experiencia, el voto de los connacionales en el exterior, en el pasado proceso electoral se realizaron elecciones para gobernador desde el exterior en nueve entidades y en otras dos, de diputados migrantes y de representación proporcional. Ciertamente la participación fue baja si tomamos los números absolutos y la expectativa suscitada porque entre las modalidades del voto se incluyó el sufragio por internet. Los paisanos podían optar entre enviar su boleta, depositarla en embajadas o consulados o votar por internet. Desde un principio llamó la atención los pocos registros que se tuvieron en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero: 32 mil 305, para las once elecciones. Insisto, habrá que investigar a qué obedeció el bajo registro y la escasa participación.
Efectivamente, de los 21 mil 585 registrados para sufragar por internet, el 56.97%, es decir, 12 mil 297, votaron. Mientras, que para enviar o depositar la boleta había 10 mil 720 personas inscritas y sufragaron 5 mil 623, es decir, el 52.45%. En resumen, votaron desde el exterior 17 mil 920 paisanos, para una participación del 55.47%. Porcentualmente es ligeramente superior al promedio del voto interior que fue del 52.67%.
Es interesante señalar que el sufragio extraterritorial está referido en la LFCP. El Artículo 4 establece que “Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular mediante los mecanismos que al efecto determine el Instituto, conforme a lo dispuesto en la Ley General”. Desgraciadamente en la consulta del 1 de agosto no hubo convocatoria para que los paisanos se manifestaran. Esto también se puede subsanar con una reforma a la ley para volver al espíritu original de la misma y hacerlas coincidentes con las elecciones.
Los derechos políticos, tanto activos como pasivos, de nuestros connacionales en el extranjero son progresivos. Independientemente del número de votantes o de sus costos económicos, se deben ir mejorando las condiciones y los medios para que los paisanos voten y sean votados en elecciones nacionales. Son derechos adquiridos y no debe darse marcha atrás. Hay un enorme desafío, tanto en el caso de las consultas populares, como en el sufragio extraterritorial para que se incremente la participación y se conviertan en ejercicios regulares y recurrentes. Hagamos las adecuaciones normativas y operativas más flexibles. La participación interna y desde el exterior es un requisito ineludible de la democracia.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle
El Colegio de la Frontera Norte
