El paquete de 20 iniciativas para reformar la Constitución, enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso el pasado 5 de febrero, ha generado muchos cuestionamientos. Hay uno que sigue rondando mis pensamientos: si estos temas se consideran prioritarios ¿por qué presentarlos hasta el final del sexenio? No tengo una respuesta certera para ofrecerle. Si acaso, puedo compartirle que, hasta donde alcanza mi comprensión, este tema, está tan polarizado como todo lo demás que ha ocurrido en el mandato de López Obrador.
El ánimo dividido entre la sospecha y la credibilidad fue lo que motivó, a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho, a preguntar por mi opinión respecto de una de las iniciativas: la referente al derecho humano al agua y al saneamiento. Usted recordará que éste, fue reconocido en la reforma constitucional del 2012. A partir de ello, el párrafo sexto del Artículo 4to, comienza estableciendo que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En el paquete de iniciativas, la reforma que se propuso a este derecho implica una adición al enunciado transcrito anteriormente, para que, después de la palabra ‘asequible’, se agregue la frase: y preferente sobre cualquier otro uso. Estas seis palabras, fueron la fuente de división entre mis estudiantes: “no cambiarán nada”, “solo son discurso político para engañar a la población”, “es puro derecho simbólico”. Sin embargo, donde ellos perciben simulación, yo veo posibilidad. Pensé, por ejemplo, en la controversia constitucional 56/2020, suscitada de aquella orden presidencial, dada en el 2020, para realizar el pago de aguas, derivado del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, utilizando el líquido de las presas La Boquilla y El Granero, ubicadas en el estado de Chihuahua. También, en el referéndum para evitar la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Región que, al igual que el resto del norte del país, experimenta una grave crisis hídrica por escasez del recurso, a la que se suman los efectos de los períodos de sequía, de cambio climático y calentamiento global.
En el fondo de estos casos, se encuentra la pregunta ¿a quién se entrega primero el agua? Si desde el inicio, con el artículo constitucional se hubiera establecido un sistema de prelación claro, no sería necesario discutir cuál uso del agua tiene preponderancia sobre los demás. La situación, en cambio, ha sido más compleja de resolver, porque durante la primera década del derecho humano al agua en México, la principal tarea radicó en garantizar el acceso universal: que las casas y colonias del país tuvieran la infraestructura necesaria para recibir agua y saneamiento en condiciones dignas.
Ahora, además del acceso universal, resulta preocupante el aumento de competencia entre los distintos usuarios del agua, principalmente, las zonas urbanas, los sectores económicos e industriales, y los agrícolas. Recordemos, los recientes conflictos entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, derivados del acuerdo para el reparto de agua de la presa El Cuchillo.
Es cierto, esta propuesta de reforma no acaba con los conflictos por el líquido, pero, ante el incremento de las tensiones sectoriales sobre el acceso al agua, sí fortalece los argumentos para la defensa de los derechos del consumo personal y doméstico de la ciudadanía.
Yeminá Valdez-Samaniego
Investigadora postdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte
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