Como sabemos, el proceso de cambio político en México ha seguido un camino que va de la conclusión de una elección importante, generalmente la presidencial, a la aprobación de reformas a los procedimientos electorales. Esa ha sido la historia de nuestro camino hacia la democracia. No ha habido grandes acuerdos de transformación del régimen, sino pequeños pactos entre los actores políticos que se han traducido en reformas electorales.
No parece ser hoy la excepción después de los comicios del pasado 6 de junio. En la discusión pública parecería que el objetivo en estos momentos de una probable reforma sería la desaparición o la conservación del Instituto Nacional Electoral. Considero que esa dicotomía es errónea y conduce a la polarización de visiones entre quienes arremeten contra la institución o los que afirman que su transformación no es necesaria. Creo que lo que deberíamos buscar es el cambio para mejorar.
La reforma electoral de 2014 y las antecesoras se han traducido en acumular atribuciones al INE. Como sabemos, toda la reglamentación y burocratización del órgano electoral se debe al principio del cual se parte: la desconfianza. Ello ha sido muy costoso para nuestra democracia procedimental. Cada vez al INE se le exige más; por ello aumentan sus costos de operación. Más atribuciones significan mayor número de procedimientos. Lo que se ha traducido en sobrecarga para los miembros del servicio profesional y trabajadores eventuales.
Con el paso de Instituto Federal Electoral a INE, la reforma incluía la propuesta de que el nuevo instituto nacional absorbiera las tareas que realizaban los órganos electorales locales. La oposición de algunos gobernadores, bajo el argumento de que se vulneraba la soberanía estatal y se ponía en riesgo el federalismo electoral, echó abajo dicha iniciativa y lo que se plasmó en la nueva normatividad fue el cambio de nombre a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en un sistema híbrido cuestionable. Para evitar que las élites políticas de las entidades continuaran repartiéndose los nombramientos de los consejeros electorales, en adelante el Consejo General del INE los designaría mediante un procedimiento basado en conocimientos y méritos. Sin embargo, los recursos para la operación de los órganos locales quedaron en manos de los congresos. Pero también, la parte medular del trabajo de organización, capacitación y registro para elecciones locales, así como la fiscalización, quedaron entre las atribuciones del INE. Técnicamente ante cualquier problema presentado en procesos locales el INE absorbe los trabajos. Es el caso de elecciones extraordinarias que han sido organizadas íntegramente por el órgano nacional
Evidentemente, lo anterior tiene que revisarse a fondo. O se le otorgan plenas facultades a los OPLES o éstos deberían desaparecer junto con los tribunales electorales para dejar paso a un verdadero sistema nacional electoral. Esto último evidentemente incrementaría las atribuciones y responsabilidades del INE, pero podría descargársele en una parte sustantiva y que consume recursos y energía al órgano electoral: la fiscalización y los procedimientos sancionadores podrían pasar a ser atribuciones exclusivas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De hecho, en estas materias la palabra final la tiene ya hoy el tribunal federal.
Hay otras tres dimensiones centrales que debe abarcar una reforma electoral y que obligan a continuar reflexionando en un siguiente artículo. En primer lugar, las modalidades y vías de emisión del sufragio: pasar de votar en casillas a centros de votación, sufragio adelantado, urnas electrónicas, voto por Internet dentro del territorio nacional. Algunas de estas modalidades podrían quedar planteadas en la nueva normatividad e irse instrumentando gradualmente. En segundo lugar, es necesario reflexionar en torno a la desaparición o reducción de la representación proporcional tanto en el Congreso de la Unión o en los congresos locales. De ninguna manera la discusión debe ser en torno al costo económico, sino de manera preferente, de las implicaciones para la democracia. Y, en tercer lugar, debemos revisar el método de designación del consejo general. El sistema de cuotas ya no convence a nadie. Hay otras vías para generar mayor legitimidad y evitar conflictos ideológicos en torno al órgano máximo. Sobre estas tres dimensiones volveré en una próxima colaboración.
Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle
El Colegio de la Frontera Norte
