De acuerdo con el Índice de Paz México 2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), por segundo año consecutivo Baja California se ubica en el primer lugar de violencia en el país, lo que la convierte en la entidad federativa menos pacífica de México, seguida por Colima, Quintana Roo y Chihuahua. A esta situación se agrega el hecho de que la “paz” estatal sufrió un deterioro para 2019.
Baja California registró una calificación del 4.572, notablemente superior al promedio nacional del 2.914, y casi cuatro veces superior a Yucatán, la entidad con el mejor índice de paz, con un 1.272. La importancia de revisar la posición del estado tiene que ver con los impactos de la violencia y por tanto la ausencia de paz en los aspectos de salud, económicos y de cohesión social, es decir, como afecta de manera negativa a la calidad de vida y las posibilidades de mejora de la sociedad bajacaliforniana.
Esta discusión es particularmente relevante en momentos como los actuales, en los que la pandemia ha modificado las dinámicas personales, familiares y sociales, y sin duda ha generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad que pueden profundizar sustantivamente parte de los factores promotores de los hechos y actitudes violentas.
Según los datos del informe del Índice de Paz México 2020, el impacto económico de la violencia per cápita 2019 en Baja California, fue de 72 mil 409 pesos constantes de 2019 (IEP, 2020: 50), mientras que a nivel nacional está en 36 mil 129 pesos. Además se especifica que el costo mayor deriva del aumento de homicidios.
El cálculo del Índice de Paz México resulta de gran utilidad debido a que es un indicador que desagrega los tipos de la violencia en cuatro categorías con dinámicas específicas:1) violencia política, 2) violencia oportunista (considera la extorsión y el robo), 3) violencia interpersonal (incluye las agresiones, delitos sexuales y violencia familiar) y 4) conflictos de cárteles, crímenes relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales. Estas diferencias por tipos permiten identificar mejor el origen y las posibles intervenciones para corregir la evolución de la paz y en qué factores fundamentar la construcción social de la misma.
Con base en los resultados obtenidos en el informe, se tiene que “el impacto económico de la violencia en México se calculó en 4.57 billones de pesos (US$238 mil millones) en 2019, cifra equivalente a 21.3 por ciento del PIB nacional” (IEP, 2020: 3), teniendo los delitos con violencia un costo de 1.43 billones de pesos (31.3 por ciento del impacto total).
El impacto económico de los delitos con violencia pasó de 1.2 billones de pesos en 2015; a 1.43 billones de pesos en 2019. Este tipo de violencia no solo afecta económicamente sino también en la salud de las personas y sus familias.
Dentro de los cinco indicadores que conforman el Índice de Paz, nos parecen particularmente relevantes para dibujar un proceso de construcción de una sociedad pacífica, los datos sobre la categoría de delitos con violencia que mide el número de delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, ajustado por la cifra negra. Estos delitos incluyen el robo, el asalto, la violencia sexual y la violencia familiar.
En particular la violencia sexual y la familiar, que son los tipos que aparecen con mayor incidencia podrían considerarse indicadores de la existencia de una violencia subyacente en el entorno de los sujetos desde su ámbito familiar que deteriora las posibilidades de tener ciudadanos con una cultura de paz, tolerancia y respeto. En este sentido estarían debilitándose de manera estructural los pilares de la paz positiva (“actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas” (IEP, 2020: 62)).
En un análisis diacrónico, desde 2015 a la fecha, las tasas de violencia sexual y violencia familiar han aumentado en 55.8 por ciento y 59.5 por ciento, respectivamente (IEP, 2020: 27). En este indicador se encuentran registradas la violencia sexual y familiar que permite un primer acercamiento a un fenómeno relativamente poco estudiado como lo es la violencia y acoso escolar, que, de ser atendido de forma temprana, prevendría el aumento de comportamientos violentos. Parece oportuno plantear una opción de intervención desde la propia escuela para tratar de mitigar este penoso y costoso primer lugar de Baja California.
En este contexto se realizó un levantamiento de información en el contexto de las actividades del CONVID-Colef (Alianza estratégica para el desarrollo de las regiones y el sector vitivinícola) en escuelas secundarias en los cinco municipios de Baja California. En este trabajo participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente para vincular los resultados con los actores con posibilidades de intervención.
Los principales resultados obtenidos de una muestra en escuelas urbanas y rurales de los cinco municipios de Baja California apuntan que un 12 por ciento de los alumnos de secundaria sufren violencia escolar y un 7.8 por ciento bullying o acoso (violencia repetida con ocurrencias semanales). Se encuentran grandes diferencias dentro de las escuelas ubicadas en zonas problemáticas y las que no lo están. En total estaríamos hablando de un 20 por ciento de estudiantes violentados en su entorno escolar.
Distinguiendo por tipos de violencia, un 12.5 por ciento de los estudiantes de secundaria violentados manifestaron ser objeto de violencia psicológica, un 18.4 por ciento de violencia física y un 7.3 por ciento de ciberviolencia. En el caso de bullying estos porcentajes pasan a ser de 11.1, 11.9 y 2.9, respectivamente. Observando la distribución por municipios, las tasas mayores de violencia se identificaron en las escuelas de Rosarito, seguidas por Ensenada y las más bajas en Tecate. El análisis de la muestra por género no presenta deferencias sustantivas entre mujeres y hombres.
Con estos datos muy generales parece pertinente plantearse que esa proporción de uno de cada cinco jóvenes violentados es significativa, ya que además de una víctima hay un victimario, y que en ambos son susceptibles de reproducir patrones violentos en etapas posteriores de su vida contribuyendo al deterioro de sus situaciones personales, de sus familias y de su comunidad.
Por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), se realizan programas de capacitación en las entidades para apoyar a las instancias encargadas de aplicar la ley para proteger a las víctimas de violencia sexual y violencia familiar. Otra estrategia son los programas dirigidos a jóvenes en todo el país, ofreciéndoles alternativas de justicia, de manera que sean medidas preventivas para evitar caigan en el círculo de delincuencia y encarcelamiento (IEP, 2020: 96). Sin embargo, nos parece importante abordar el problema desde los escolares de una forma más sistemática y estructurada precisamente para sentar de manera sólida las bases de una paz positiva que facilite la cohesión social y el desarrollo integral.
Dra. Saráh Martinez
Dra. Juana Isabel Vera
El Colegio de la Frontera Norte
