La prensa escrita y los medios electrónicos han abundado, pero no profundizado, referente al proyecto de reforma electoral que se discute estos días en la Cámara de los Diputados. El sistema electoral mexicano ha sido reformado desde hace 59 años. Desde que en el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la figura de diputados de partido en 1963, cada una de las nueve reformas que se han tenido incorporó parte de las exigencias de la población orientadas a alcanzar una mayor representación popular. Esas reformas, la de 1963,1977,1986, 1989, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, fueron producto de las condiciones políticas imperantes en esos años. En ninguna de ellas se cuestionó la necesidad de actualizar las instituciones electorales a las circunstancias del momento. Todas representaron un avance gradual en la conformación de un congreso parcialmente representativo de la pluralidad política reinante en el país.
Mucho ha cambiado desde aquella iniciativa del Presidente López Mateos. La pluralidad cultural, regional y política de México tiene en nuestros días presencia en nuestro congreso bicameral. Esto empezó a consolidarse desde que en 1997 se dio por primera vez el fenómeno de un gobierno dividido, al quitarle la mayoría histórica al PRI en la Cámara de los Diputados. A partir de ese año tuvimos la Presidencia en manos de un partido político y el Congreso en manos de la mayoría opositora, situación que persistió con la alternancia partidista en la titularidad del Poder Ejecutivo en el año 2000.
Con el inicio del siglo XXI se instaura la alternancia partidista en el poder público federal. Pero el fenómeno del gobierno dividido ha pervivido, lo que hace valer la importancia de la separación de poderes que tanto alabó Montesquieu en su obra clásica El espíritu de las leyes. Sin embargo, no ha sido suficiente este esquema de pesos y contrapesos en México. Buena parte de esa insuficiencia obedece a un empoderamiento desmedido de las dirigencias partidistas, las que cada vez se han alejado más y más de sus militancias y han construido una estructura de poder interpartidista diseñada y administrada por esas dirigencias. Esta estructura se ha construido vía alianzas y pactos que alimentan y fortalecen la circulación de las élites, de tal forma que durante las últimas cuatro décadas el avance en la pluralidad partidista no se ha reflejado en la mejora sustantiva de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. La escandalosa concentración de la riqueza nacional en una muy pequeña porción de mexicanos, las ofensivas riquezas acumuladas por políticos y servidores públicos, entre dirigentes partidistas y funcionarios de las instituciones electorales, entre otros, son prueba fehaciente de que se requiere mejorar el entramado político-electoral, romper inercias, componendas y arreglos que nada arreglan para las mayorías.
En este contexto, el proyecto de reforma político-electoral que se discute en el Congreso es una reforma electoral necesaria que busca responder a las nuevas exigencias de la población. Así, disminuir de 500 diputados a 300 es un reclamo popular; restituir el concepto del Pacto Federal representado en el Senado de la República, donde los senadores deben representar a las entidades federativas equitativamente, independientemente del tamaño de su extensión territorial y población, reduciendo de 128 a 96 el número de senadores, tres por estado (aunque considero debieran ser dos por estado, como era hasta el gobierno de Carlos Salinas, quien por necesidades de legitimación regaló 32 senadurías a la oposición); reducir el financiamiento público a los partidos políticos solamente a períodos de campañas electorales (en promedio el Estado Mexicano destina subsidios por 11 mil millones de pesos para actividades ordinarias permanentes a los partidos en año no electoral); reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7 y por periodos de 6 años en vez de 9, así como bajar sus escandalosos sueldos (262 mil pesos al mes, además de prestaciones diversas), sin posibilidades de reelección; eliminar los institutos electorales de los estados, cuya buena parte de sus funciones las controla actualmente el INE; introducir el voto electrónico para abaratar el costo de la papelería electoral (Brasil es un modelo ejemplar a seguir). ¿Quién no estará de acuerdo en concretar estas reformas?
No obstante las bondades de estos elementos, amén de otros no referidos aquí, estimo que por falta de una negociación de altura entre las fuerzas políticas la reforma no se aprobará.
Mtra. Rodrigo Martínez Sandoval
El Colegio de la Frontera Norte
