Actualmente existen aproximadamente 30 torres de departamentos en el centro de Monterrey, algunas ya terminadas y medianamente habitadas, y otras apenas iniciando su construcción. Desde hace tiempo las autoridades de desarrollo urbano han establecido las condiciones para que las desarrolladoras inmobiliarias tuvieran todas las facilidades para invertir en el centro de la ciudad. Los proyectos son de uso mixto y se justifican bajo el lema de “volver al centro”, porque supuestamente los residentes han abandonado este espacio y entonces es necesario renovarlo, volver a darle vida.
Ha sido un proceso con diferentes acciones que han implicado abandono inducido y expulsión directa de sectores de la población residente. Con la construcción de la Macroplaza, es cuando realmente se da el banderazo a esta intención directa de capitalizar el centro de la ciudad. En lo que ahora se llama Barrio Antiguo, antes de su desarrollo, todavía quedaban cientos de habitantes, que lo fueron abandonando después de la instalación de decenas de antros y después, también, de la presencia del crimen organizado. El Paseo de Santa Lucía contribuyó a la expulsión directa de residentes y no olvidemos que en la parte norte del centro existieron obras como la ampliación de Colón, la instalación y el tendido de la Línea 1 del Metro, que obligó a emigrar a muchos comerciantes y habitantes de esta parte del centro.
Este largo proceso de expulsión ha sido apoyado por el papel del sector inmobiliario que tiende a especular con los precios de los terrenos en la zona (por las expectativas que generan los proyectos de renovación gubernamentales) de tal manera que, continuamente, hay habitantes que están siendo presionados a dejar las viviendas que les rentan porque los propietarios las están vendiendo o tratando de vender. En Chile se le llama a esta práctica inmobiliaria: “pinchar la manzana” y consiste en comprar una propiedad y dejarla sin intervención durante un tiempo. Sabiendo que el suelo es escaso y que la construcción deteriorada no da valor a la propiedad, sino el suelo. Junto a ello el gobierno cambia las reglas de construcción en el centro para poder atraer a los capitales inmobiliarios y así atender este “abandono” y deterioro. No obstante, la población actual en el centro es de aproximadamente 20 mil habitantes, algunos de ellos pagando renta en vecindades o en casas de rentas bajas. El proyecto de Volver al Centro no contempla apoyos para residentes de la zona, el Plan de Desarrollo Urbano se enfoca a impulsar y hacerla atractiva al capital financiero y no ha dudado en impulsar acciones que mejoren la movilidad, dividiendo a la zona central en distritos donde se especifican los usos del suelo. De esta manera buscan apegarse a las tendencias mundiales de contribuir con una ciudad más sustentable, pero a diferencia de otros casos, en la práctica, están dejando que el capital financiero esté decidiendo quiénes pueden aprovechar esta centralidad. El perfil de este potencial nuevo habitante, según un desarrollador, es de un joven entre 30 y 40 años con salarios altos que puedan pagar una renta de más de 15 mil pesos mensuales o comprar un departamento de más de 3 millones de pesos en promedio.
A diferencia de esta política urbana, en la Ciudad de México, las autoridades acaban de terminar un proyecto de construcción de departamentos en Tacubaya en una zona que se llamaba popularmente Ciudad Perdida. Era un asentamiento irregular que tenía 100 años donde inmigrantes habían llegado a esta zona central de la Ciudad de México y habían construido sus viviendas con materiales de desecho. Vivían personas de bajos ingresos que desde hace más de 30 años habían sido presionadas por las autoridades para reubicarlas en zonas periféricas, proyectos que no fueron aceptados por los residentes. Es hasta ahora, con el actual gobierno de la ciudad, que se decide destruir este asentamiento y construir sobre este terreno de 6 mil metros cuadrados unos edificios con 185 departamentos para un número igual de familias y con el 60% del suelo para áreas verdes y comunes. Se invirtieron 110 millones de pesos provenientes de un instrumento de política urbana llamado Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) que está previsto en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y mediante el cual participan el sector público y privado. Además de esta acción, el SAC contempla otros apoyos a residentes marginados y vulnerables. Es un proyecto a fondo perdido que permite una renovación del espacio sin expulsión de habitantes, ya que las 185 familias son las mismas que habitaban la llamada Ciudad Perdida.
Tanto en la Ciudad de México como en Monterrey predominan los proyectos de gentrificación del centro, pero al menos en la Ciudad de México tienen instrumentos legales que permiten aminorar los efectos negativos mientras que en Monterrey no se ve ninguna acción en este sentido.
Dr. Mario A. Jurado
El Colegio de la Frontera Norte
