El primero de octubre próximo entrará en funciones en Yucatán el nuevo gobierno estatal de la coalición Morena-PT-Verde encabezado por Joaquín Díaz Mena, quien llega al poder luego de dos intentos fallidos ante adversarios priistas y panistas. Un resultado que sin duda ha generado expectativas en el ámbito de la problemática ambiental que aqueja actualmente al estado, y donde ocupa un lugar sobresaliente un tema de importancia creciente para la preservación de sus recursos hídricos: la contaminación que produce la industria porcícola.
La labor del gobernador saliente Mauricio Vila, si bien ha sido reconocida por diferentes proyectos de desarrollo -todo esto con el respaldo del gobierno federal-, ha quedado corta en el ámbito de la regulación de las granjas porcícolas que existen en el estado.
La industria porcícola en Yucatán es una de las que mayor crecimiento ha tenido a nivel nacional en las últimas décadas en términos de número de granjas productoras, en un patrón anárquico donde ha estado ausente el control gubernamental. En un estudio llevado a cabo en marzo de 2023, la SEMARNAT identificó 507 ubicaciones de granjas en todo el territorio estatal, en una distribución que incluía a granjas de traspatio o autoconsumo y a unidades productoras de diferentes tamaños y capacidades, hasta las llamadas mega granjas con infraestructuras que superan las veinte naves de producción. En el último caso, algunos investigadores apuntan como factores de su localización las condiciones comparativas que ofrece la zona, como son la disponibilidad de agua -casi 90% subterránea- para las actividades productivas y el acceso a los mercados internacionales por la cercanía a los puertos marítimos de la región, pero muy particularmente la existencia de una regulación favorable y laxa que ha permitido la concentración acelerada de estos centros de producción en diferentes puntos del territorio estatal, incluyendo a cinco de los ocho sitios Ramsar designados como áreas protegidas donde las condiciones de fragilidad son muy críticas.
Los impactos ambientales de este tipo de modelo agro extractivista han sido ampliamente estudiados y documentados en otras partes del mundo, y en el caso de la península de Yucatán existe toda una base de trabajo desarrollado por la misma SEMARNAT y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Autónoma de Yucatán entre otros, además de organismos no gubernamentales como Mercy for Animals Latinoamérica, cuyo trabajo exploratorio con drones ha permitido ampliar la información sobre las condiciones en que operan las granjas porcícolas y sus efectos ambientales en sectores más apartados del estado. A todo lo anterior se suma un cúmulo de información documentada por diferentes medios sobre la actuación impune de los mega productores, el activismo de las comunidades afectadas y la nula respuesta del gobierno estatal a sus reclamos.
El futuro gobernador Díaz Mena tiene ante sí un desafío cuya atención no puede seguirse postergando. Ya el presidente López Obrador en 2023 a raíz de los resultados del estudio de la SEMARNAT, había hablado de la necesidad de emitir un decreto que frenara la proliferación de las granjas porcícolas en el estado. Todo el conocimiento necesario sobre los impactos ambientales en los recursos naturales y en las comunidades del entorno de las plantas, así como las recomendaciones de cómo proceder para abordar y buscar soluciones a este creciente problema es cuantioso y esta disponible. Resta ahora actuar y aplicar acciones enérgicas que frenen esa depredación de que están siendo objeto los invaluables recursos hídricos del estado.
José Luis Castro Ruiz
Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey
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